La época de la Transición y la muerte de Franco supusieron una gran transformación política y social para España. Afectaron a múltiples instituciones y elementos como fue, por ejemplo, el sistema televisivo. Durante la década de los ochenta, poco a poco, se fue configurando el Estado de las Autonomías y con él la Ley del Tercer Canal. Así, comenzaron a aparecer televisiones públicas de carácter autonómico, gestionadas individualmente por cada Comunidad Autónoma.
La Constitución Española, en el artículo 20.3, establece que “los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público tienen que dar acceso a dichos medios a los grupos sociales y políticos significativos y respetar el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España”. Además, en el artículo 149 describe las normas fundamentales en materia de prensa, radio y televisión, al tiempo que otorga potestad a las Comunidades Autónomas para gestionar y crear estaciones de radiodifusión. Esto abrió la puerta para legalizar y legitimar el fin del monopolio de TVE establecido desde 1956. Las primeras televisiones autonómicas fueron ETB, TV3, y TVG, del País Vasco, Cataluña y Galicia, respectivamente, gracias a que eran nacionalidades históricas, con lengua y cultura propias. De hecho ETB comenzó a emitir antes de que la Ley del Tercer Canal estuviera aprobada. Unos pocos años más tarde tras el surgimiento de estas nuevas emisiones comenzó la aparición de nuevas televisiones de carácter autonómico y público (Telemadrid, Canal Sur, ...).
Estas televisiones, al igual que la televisión estatal, tienen una misión de servicio público, sin embargo, a día de hoy se plantea si es conveniente mantener el mismo régimen jurídico vigente desde 1983, es decir, la Ley del Tercer Canal. Se defiende el mantenimiento de su estructura actual aumentando la externalización de los servicios públicos, la privatización en sentido estricto y también la total desaparición de las mismas.
Hay que tener en cuenta que las televisiones públicas autonómicas suponen un gran coste al interés público en cuanto a la percepción de ayudas y subvenciones que podrían destinarse a otros sectores que, quizás, lo necesiten más como puede ser la educación. En 2009 las televisiones regionales recibieron ayudas por el valor de 814 millones de euros, un 11% más que el año anterior, sin embargo hubo pérdidas de 772 millones. Además, arrastran una enorme deuda pública. Cuestan 1600 millones de euros a los contribuyentes. Tampoco hay que olvidar su mala gestión. Se gasta en derechos deportivos de primer nivel o en contratos de estrellas para su programación más dinero del que sería conveniente. Un ejemplo de ello puede ser la Fórmula 1, derechos de emisión que adquirieron TV3, TPA, IB3 y Canal 3 de manera ilógica ya que La Sexta emite las mismas carreras a nivel nacional.
También hay que tener en cuenta que hay una caída de la inversión publicitaria desde la entrada de la crisis, como ya informa InfoAdex, a pesar de la eliminación de la publicidad en Televisión Española. En el primer semestre de este año las televisiones autonómicas bajaron por primera vez de las dos cifras en el reparto publicitario, quedándose con el 9,6% y unos ingresos de 116 millones, frente al 13,3% que tenían en 2005. Asimismo, y con la gran oferta televisiva gracias a la introducción de la TDT, la audiencia se ha visto reducida, pasando de un 17,6% en 2005 a un 9,9% en 2010.
Es cierto que en España la televisión es considerada un “servicio esencial” para el conjunto de la sociedad como ya se establece en el artículo 128 de la Constitución: “toda riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”. También es cierto que la existencia de televisión pública estatal es algo necesario en una sociedad democrática como la que vivimos hoy ya que el espectro radioeléctrico es de todos. Sin embargo, la existencia de una televisión pública de carácter autonómico no está tan claro que sea necesaria. Puede llegar a pensarse que televisiones autonómicas es igual a normalización lingüística en las llamadas comunidades históricas con idioma propio y que se crearon para consolidar y reforzar la propia autonomía, no obstante, como ya dijo José Ramón Pérez Ornia, ex director de Telemadrid, “la razón profunda y real del origen de las televisiones autonómicas no es la necesidad de contribuir a la normalización lingüística, sino la necesidad de construir el Estado de las Autonomías”. Por lo tanto, en la creación de las televisiones autonómicas públicas hay que tener en cuenta aquel momento histórico en el que España se iniciaba en la democracia y en la creación de las Autonomías.
Hoy en día la democracia está asentada y convivimos con una fuerte crisis, por lo que la centralización de algunas instituciones se hace necesario. En el caso de las televisiones autonómicas habría que fomentar su directa eliminación o su privatización e invertir ese dinero público en otros sectores que lo necesiten más. Habría que apostar por una única y fuerte televisión pública de carácter nacional, es decir, TVE, que tuviera desconexiones territoriales para informar de los sucesos de manera local, como ya sucede con TVE Cataluña y TVE Canarias, que tienen desconexiones de la emisión nacional y proporcionan informativos y contenidos propios.
